Voto, ciudadanía e inmigración

Por Rafael Lara / Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía

Se acercan las elecciones municipales con una cierta novedad: se abrió un proceso de inscripción en el censo electoral para personas extrajeras que desearan votar. El cierre de este proceso y su resultado final bien merece una reflexión.

Uno de los indicadores de que nuestra sociedad va dando pasos en la integración es el alcance del derecho al voto. Un derecho negado a millones de personas en toda Europa como lo fue en su día a las mujeres o a las personas pobres. Se trata de una exigencia democrática que en la práctica política y de forma simbólica implica ser ciudadano de pleno derecho y por tanto corresponsable de los asuntos públicos junto al resto de la comunidad.

Ver reconocido este derecho es un paso más en la igualdad y en que las personas extranjeras que viven con nosotros, nuestros nuevos vecinos, sean tenidos en cuenta, sean reconocidos cuando de diseñar el futuro y las políticas que le atañen se trata.

Cuando hablamos de integración sin duda nos referimos muy especialmente a las políticas sociales (de redistribución) que garantizan la igualdad efectiva y real. Porque sin ellas, sin los derechos sociales básicos (trabajo, vivienda, servicios…) los derechos políticos pueden devenir fácilmente en una cuestión meramente formal. Pero estos últimos también son importantes porque implican reconocimiento y posibilidad de representación. Y por tanto la capacidad por pequeña que sea de influir en las políticas de redistribución que luego se pongan en marcha. De ahí también la importancia para quienes residen en una comunidad de poder ejercer el derecho al voto.

Digamos de entrada que, sin embargo, no todos los extranjeros residentes en España van a poder votar en estas próximas elecciones municipales. Podrían hacerlo tan sólo los ciudadanos comunitarios o aquellos extracomunitarios con los que España ha establecido acuerdos de “reciprocidad”. A saber: Islandia, Noruega, Cabo Verde, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda.

Hay aquí por tanto un primer nivel de discriminación, porque el que sólo puedan votar en España los extranjeros cuyos países de origen reconozcan a los españoles allí la posibilidad de votar, viene a retorcer la universalidad de los derechos humanos con efectos bien nocivos. Por un lado porque se crea una nueva barrera en el acceso a los derechos: su ejercicio dependerá del origen nacional de las personas residentes en nuestro país. Unos podrán votar porque son originarios por ejemplo de Bolivia. Y otros, en cambio, no lo podrán hacer por haber nacido en Senegal o Marruecos. Estos últimos son precisamente la nacionalidad con el segundo mayor número de residentes en España. En la provincia de Cádiz son 6.540 las personas residentes procedentes de este país.

El segundo problema es que con la vía de los acuerdos de reciprocidad, se subordina el ejercicio de un derecho a la legislación de terceros países. No son pocos los países del mundo escasamente democráticos o directamente dictatoriales. Y resulta absurdo que porque en esos países nadie pueda votar (ni sus nacionales ni por supuesto los españoles allí residentes), tampoco puedan votar aquí los que residan en España. Trasladamos la falta de democracia sin fronteras. Entre otros muchos sería el caso de las personas provenientes de China que en España son 148.000 y en Cádiz, 1.300.

El resultado de aplicar los criterios de reciprocidad en España es que de los 2.400.000 extranjeros extracomunitarios residentes en España, tan sólo 350.000, es decir menos de 15%, han tenido la opción de inscribirse en el censo electoral para participar en las próximas elecciones municipales.

Decía bien, “han tenido la opción”. Porque en la práctica ni siquiera ha sido así, ya que el proceso de inscripción ha sido dificultoso y enrevesado. Un español de nacionalidad es inscrito de oficio en el censo electoral si tiene más de 18 años y está empadronado. En cambio, los extranjeros residentes primero tenían que esperar a que la oficina del censo le comunicara que tenía la opción de inscribirse y a partir de ese momento hacer la solicitud. Además ello había que tramitarlo dentro del plazo establecido para ello: en principio desde el 1 de diciembre al 15 de enero, que luego se amplió hasta el día 25 de enero. El resultado de tantas trabas ha sido catastrófico: sólo 45.500 personas se han inscrito para votar el 22 de mayo. Es decir, no llega al 2% de la población inmigrante.

Refiriéndonos a la provincia de Cádiz, sólo 145 personas no comunitarias podrán votar en las próximas elecciones municipales. No parece que podamos estar muy orgullosos cuando hay más de 14.000 extranjeros no comunitarios mayores de 18 años residentes en nuestra provincia.

En suma no podemos felicitarnos. No estamos ante un gran avance. Y así lo hemos hecho constar desde la Plataforma “todos iguales, todos ciudadanos” en una moción presentada en el Ayuntamiento de Cádiz recientemente como capital de la provincia, en la que esperamos que el pleno municipal demuestre un talante en sintonía con las declaraciones a favor de la democracia y los derechos ciudadanos que con motivo del Bicentenario se vienen produciendo.

La reflexión a la que aludíamos, en base a lo que hasta aquí se ha explicado, es obvia: no podemos dar por bueno que se mantenga a casi una de cada cinco personas sin la capacidad de poder influir y tomar decisiones políticas y por tanto la posibilidad de responsabilizarse de las mismas junto al resto de la ciudadanía.

Si de integración y cohesión social hablamos, habrá que acabar con los obstáculos que hoy impiden el acceso a los derechos políticos a todas las personas que residen establemente en nuestro país. La calidad de nuestra democracia y los derechos humanos universales están en juego.

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